OPINIÓN- JESÚS MIGUEL GONZÁLEZ LANÁQUERA/ El problema irresoluble de la vivienda en España

Una legislatura más, y el problema de la vivienda en España -más concretamente la regulación del precio de los alquileres- seguirá sin afrontarse. No importa que en los pactos previos para la coalición de Gobierno, el PSOE se comprometiera con su socio preferente, Unidas Podemos, a resolver este asunto tan delicado que hace mucho tiempo requiere de una solución efectiva. Claro es que el PSOE dejó de ser socialista y obrero cuando su fundador, Pablo Iglesias Posse, fue enterrado con todos los honores y reconocimientos por su lucha en favor del proletariado, y de esto hace casi un siglo, pero todavía conserva demasiados votantes que no se han percatado de ello y siguen creyendo que este partido es de izquierdas, como a sus dirigentes a menudo les gusta alardear, con la boca pequeña, o grande. También, en teoría, se trata de un partido de hondas raíces republicanas, y sin embargo desde la aprobación de la Constitución del 78 no ha hecho otra cosa que avalar, amparar y defender la monarquía, incluso en momentos tan difíciles para esta institución como los actuales, en los que ha dejado de hacerse acreedora de cualquier aval, amparo o defensa. Pero este es otro tema.

La Constitución del 78 es, por supuesto, papel mojado cuarenta y tres años después de su entrada en vigor. Buena parte de los sacrosantos derechos que reconoce para la ciudadanía en su articulado, jamás se han cumplido, ni existe la menor probabilidad de que vayan a cumplirse mientras ostenten el poder los partidos denominados constitucionalistas, y por ende, monárquicos. Uno de estos derechos básicos que nunca se ha llevado a término es el de proveer o facilitar a los ciudadanos españoles menos favorecidos económicamente -la mayoría- el acceso a una vivienda digna y adecuada, siendo los poderes públicos quienes iban a comprometerse en la defensa de este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Y etcétera, etcétera. Pero resulta que una de las causas principales -si no la que más- por las que el problema de la vivienda en España es irresoluble radica precisamente en la especulación, que los poderes públicos no solo no han tratado de impedir, sino que desde el principio han fomentado en beneficio propio y de otros agentes económicos del sistema. Esto ya lo sabíamos, pero ahora además nos ha hecho saber también el ministro socialista de la cosa que la vivienda es un derecho constitucional, faltaría más, pero que sobre todo es un bien de consumo, y como tal, según las leyes imperantes del libre mercado, no puede ser regulado, sometido, intervenido. Acabáramos. “Es el mercado, amigos”, que dijo otro ínclito exministro de cuyo nombre no quiero acordarme. En conclusión, cualquier derecho reconocido por la Constitución española del 78 que entre en conflicto con los intereses del libre mercado, pierde automáticamente su condición de tal derecho consagrado para convertirse en una muy vistosa y neutra declaración de buenas intenciones que no compromete para nada a los poderes públicos. Y en esas estamos, y vamos a seguir estando por siempre jamás.

No obstante, lo curioso del asunto es que, en otros países y ciudades europeas de nuestro entorno capitalista de libre mercado, sí se ha puesto coto a los desmanes y abusos de la especulación inmobiliaria y se ha regulado el precio del alquiler de la vivienda, y nadie se ha llevado las manos a la cabeza por ello. Pero España en esto también tenía que ser diferente, claro está, y somos europeos únicamente para aquello que conviene a los amos del cortijo. Esos que claman una y otra vez contra cualquier tentación de intervencionismo público en el libre mercado, ya que ello atentaría contra la libertad y la democracia, y que proclaman que en todo caso el mercado siempre acabará autorregulándose solo, según sus propias leyes de la oferta y la demanda. Sin embargo, en todo lo relacionado con el negocio inmobiliario español sabemos que esto no es así. Los grandes tenedores de vivienda -principalmente entidades bancarias-, prefieren mantener sus pisos vacíos y retirados de la circulación, a la espera de un nuevo repunte de la burbuja inmobiliaria, antes que ofertarlos al mercado para su alquiler o venta por debajo de unos determinados valores de lucro financieramente rentables a sus intereses especulativos. Y por fin, por si todo esto fuera poco y para empeorar la situación, han aparecido no hace muchos años unas nuevas aves de rapiña inmobiliaria, campeonas por antonomasia de la especulación depredadora, los denominados “fondos buitre”. Y contra estos poco puede hacerse, que ya se sabe que el buitre es una especie protegida.