Salvem la Vall reclama que se revise la legalidad de la concesión de aguas subterráneas en el PAI de Llíber

Miembros de la Asociación Salvem la Vall se han reunido con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo Cebrián, y la jefa de la Oficina de Planificación Hidrológica, Aránzazu Fidalgo Pelarda, para tratar sobre la concesión de aguas subterráneas para el Plan Parcial Medina de Llíber. La Oficina de Planificación  informó positivamente –con fecha de 24 de julio- respecto de la compatibilidad de la concesión con el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. Ahora bien, desde la plataforma ciudadana reclaman que se revise la legalidad del informe porque creen que hay numerosas irregularidades durante el recorrido de la tramitación de la concesión hasta su exposición pública –en agosto- para la presentación de alegaciones.

            Según fuentes oficiales de Salvem la Vall, la CHJ desconoce la realidad de las necesidades hídricas de la Urbanización Medina y, si finalmente se aprueba la concesión, “podría dar lugar  incluso a responsabilidades penales si no contrastan la realidad material urbanística con los datos de la solicitud”, apuntan. El PAI, según su versión, prevé el consumo de unos volúmenes de agua muy superiores a los que recoge el proyecto de concesión presentado ante la CHJ.

            La solicitud del Ayuntamiento de Llíber para “abastecimiento poblacional” demanda la extracción de 62.000 m³ al año, aunque la documentación urbanística recoge en el proyecto de urbanización una necesidad mínima de 207.000 m³. “Es decir”, indican desde Salvem la Vall, “se ha solicitado solo el 30 % de lo que realmente necesita la urbanización de 488 viviendas con piscina y zona hotelera”.

            Por otro lado, los representantes de la Asociación aludieron a que las 700 alegaciones presentadas a nivel individual reflejan la gran alarma social creada. Y, es más, consideran que “no se le puede estar exigiendo simultáneamente a los ciudadanos que soporten restricciones de agua mientras se tramita esta concesión”. Salvem la Vall sostiene que ni el PAI ni su desarrollo contaban con el estudio de suficiencia hídrica ni con el informe del organismo de cuenca, ambos preceptivos según la Ley de Aguas.

            El informe de compatibilidad, según su versión, fue emitido por la anterior Comisaría de Aguas, recientemente sustituida. En él, se hace referencia a la presentación de determinadas subsanaciones y correcciones por parte del Ayuntamiento de Llíber. Salvem la Vall reclamó una copia de dichos escritos para analizar el cómo, por qué y por quién se habría ido modificando la solicitud hasta “adecuarla” ficticiamente al Plan Hidrológico.

            También se alertó a la CHJ de la existencia de errores materiales en el anuncio de exposición al público que han generado indefensión. Y sobre la existencia de un pozo para captación de aguas subterráneas en el ámbito del PAI, Salvem la Vall considera que no constan las preceptivas autorizaciones administrativas ni el uso que se le haya podido dar al mismo.