El equipo de gobierno acusa al SEP de crear alarma social por sus denuncias sobre las cámaras de videovigilancia en la residencia

El equipo de gobierno acusa al SEP de crear alarma social por sus denuncias sobre las cámaras de videovigilancia en la residencia
  14/04/2021

Asegura que ninguna invadirá espacios privados y que se retirarán las antiguas

Las cámaras de vigilancia instaladas en la residencia de ancianos Santa Lucía servirán únicamente para controlar las zonas comunes y de paso, y por tanto no invadirán la intimidad de los usuarios. Lo ha asegurado el equipo de gobierno de Dénia para desmentir las acusaciones lanzadas desde el sindicato SEP. Además, aclara que las cámaras permiten un giro de 360 grados y que las que están frente a los aseos no apuntan al interior de los cuartos de baño sino al pasillo y a la puerta de acceso.

            El gobierno municipal ha lamentado profundamente el comunicado emitido por el SEP sobre las cámaras de seguridad que se han colocado en el edificio de la residencia. Explica que el objetivo es velar por “la integridad física de los residentes y garantizar una rápida actuación en caso, por ejemplo, de caídas o episodios de desorientación”. Según el equipo de gobierno, “una vez más se recurre a una instalación municipal especialmente sensible, la residencia, para crear polémica y alarma social, con finalidades más políticas que prácticas o laborales; recurriendo además al recurso cuestionable de despertar la alarma entre las familias de los residentes”.

            Además, sostiene que el comunicado del SEP contiene falsedades, que se podrían haber contrastado a través de la dirección del centro o de la concejalía antes de lanzarse a la prensa.

            Las aclaraciones del equipo de gobierno son las siguientes:

            Los técnicos de la empresa instaladora de las cámaras entraron en la residencia, siguiendo las pautas del Plan de Contingencia aprobado por la Dirección General del Mayor de la Conselleria. Por lo tanto, dice el gobierno municipal, “no se ha incumplido ningún protocolo ni puesto en peligro la integridad de usuarios ni trabajadores”.

            Además, en contra de lo que difundió el sindicato, este sistema de videovigilancia no se suma al anterior, que hace tiempo que no está operativo. Las cámaras antiguas se han mantenido para servir de referencia de ubicación para las nuevas, que ocuparán la misma posición. Las que no sirven se desinstalarán. Por tanto, no hay duplicidad en el servicio. Como consecuencia de los anterior, la residencia no tendrá medio centenar de cámaras sino 22, que son “las justificadas por el estudio de necesidades, teniendo en cuenta que se trata de una instalación de tres plantas, un centro de día, más los jardines exteriores”, tal como ha subrayado el equipo de gobierno.

            En otros espacios municipales también se van a colocar cámaras de videovigilancia.

            Por otro lado, los socialistas remarcan que es rotundamente falso que la dirección del centro tenga acceso al registro de las cámaras desde casa y a cualquier hora. Según la ley, se trata de “un recurso laboral y de seguridad y protección controlado por personal autorizado y con estricto cumplimiento de la protección de datos y el derecho a la intimidad”.

            El equipo de gobierno también desmiente que el coste de la instalación del sistema de videovigilancia en las dependencias municipales y espacios públicos a 98.398 €.

            Además, desde el gobierno municipal se apuesta por nuevas inversiones en el centro y se recuerda que el año pasado, y a pesar de la pandemia, se hicieron varias actuaciones como el cambio de ventanas, adquisición de nuevo material para la cocina y lavandería. Actualmente, según las mismas fuentes, está en marcha el cambio de puertas en la primera planta y la caldera. Y en breve estarán los resultados tanto de la auditoría de gestión y como el estudio de necesidades de inversiones futuras en el centro, tal como se comprometió el equipo de gobierno con el comité de huelga del colectivo de enfermería.

            Pero, según el equipo de gobierno, las inversiones son independientes del servicio de videovigilancia adjudicado, que es un contrato integral para todas las dependencias municipales asumido a cargo del presupuesto de la Concejalía de Seguridad Ciudadana. Añade que “las obras de mejora, mantenimiento y adaptación en Santa Llúcia son continuas”.

            El equipo de gobierno reprueba las manifestaciones del sindicato SEP-CV “por su escasa rigurosidad, por la nula voluntad de contrastar la información con la dirección del centro o con el mismo gobierno, y por la clara intencionalidad de provocar, una vez más, una alarma injustificada, aprovechando además un momento, el actual, especialmente sensible por los meses duros de pandemia que hemos pasado y en los que, precisamente, el funcionamiento de la residencia ha sido ejemplar gracias al esfuerzo del personal y los usuarios”.

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