Calp se lanza contra la prostitución y la explotación sexual con sanciones de hasta 3.000 euros

El pleno ha dado el paso inicial hacia una ordenanza municipal para erradicar la prostitución y la trata con fines de explotación sexual que establece sanciones que van desde los 750 a los 3.000 euros, según se consideren más o menos graves. El reglamento perseguirá a quienes consuman y promuevan la prostitución u otras formas de explotación sexual, sino que al mismo tiempo pretende proteger los derechos de las personas que ejercen la prostitución. 

Esta nueva norma, que ha sido elaborada en colaboración con la Asociación Mujeres por la Igualdad de Calp y con la Policía Local, reconoce a todas las personas que ejercen la prostitución como víctimas, y enmarca esta práctica dentro del ámbito de la violencia de género. Por tanto, las mujeres prostituidas no serán perseguidas en su condición de víctimas, más bien al contrario propone ayudarlas.

INFRACCCIONES

Por otro lado, la ordenanza recoge un régimen detallado de infracciones y sanciones que castigará el consumo, la publicidad y aquellas conductas que puedan promover o facilitar la prostitución u otras formas de explotación sexual. Se considerarán infracciones leves difundir publicidad que promueva el consumo de la prostitución así como las conductas favorecedoras de dicha práctica.

Serán graves las que impliquen solicitar o aceptar directa o indirectamente servicios sexuales retribuidos o la promoción de servicios sexuales en soportes publicitarios instalados en el término municipal de Calp, entre otras. Alcanzarán el grado de muy graves cuando tengan lugar en espacios ubicados a menos de doscientos metros de distancia de centros educativos o lugares frecuentados por público infantil y juvenil, entre otras. 

Las sanciones podrán ser de hasta 750 euros en el caso de las infracciones leves, de hasta 1.500 las graves y hasta de 3.000 las muy graves. 

“Queremos dejar bien claro que las mujeres que ejercen la prostitución son víctimas y que a través de esta ordenanza pretendemos favorecer su inserción en la sociedad, acompañarlas y ayudarlas, y por tanto, a quien se castiga es al consumidor, proxeneta y todas aquellas personas que favorezcan o contribuyan a la práctica de esta explotación sexual que atenta contra la dignidad y los derechos fundamentales de las mujeres víctimas”, señala la concejala de Política Social Itziar Doval.