Juicio por la exhumación de un nicho del cementerio de Calp para enterrar a la abuela de un funcionario 

Juicio por la exhumación de un nicho del cementerio de Calp para enterrar a la abuela de un funcionario 
  09/02/2024

El fiscal solicita 13 años de inhabilitación para un ex concejal y para el jefe de Recursos Humanos por prevaricación 

 

La Audiencia Provincial de Alicante celebrará el miércoles el juicio a un ex concejal de Calp y al jefe de Recursos Humanos, que están acusados de ordenar la exhumación de los restos mortales de un nicho para enterrar allí a la abuela del funcionario procesado. Los hechos ocurrieron entre 2018 y 2019. Intentaron conseguir su objetivo presionando a la trabajadora responsable del cementerio, que se negó.

Según la Fiscalía, el concejal contactó con la empleada para informarse sobre uno de los nichos, ubicado junto a los restos mortales del abuelo del responsable de personal para enterrar a la abuela del funcionario, que estaba a punto de fallecer. La trabajadora explicó que el nicho estaba ocupado por un fallecido en el año 1973 que tenía derecho a usarlo a perpetuidad, esto es, durante 99 años. La Fiscalía sostiene que los dos acusados la presionaron para que hiciera lo necesario, incluso saltándose la legalidad, para lograr la concesión. La mujer reiteró su negativa para vaciar el nicho y dárselo a la familia del procesado. 

Ante ello, el concejal y el jefe de Recursos Humanos redactaron una providencia en la que ordenaban la exhumación y el traslado de los restos del ocupante del nicho a la fosa común. De este modo, los sepultureros vaciaron el nicho para, horas después, enterrar a la familiar fallecida del funcionario. El Ministerio Público añade que cuando los hechos trascendieron y fueron publicados por los medios de comunicación, el exconcejal responsabilizó a la empleada del cementerio de la filtración y comenzó a tratarla de una forma hostil y a amenazarla con despedirla o degradarla. 

El Ministerio Fiscal solicita inicialmente para cada uno de los dos procesados una pena de 13 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación en concurso con uno contra la memoria de los muertos. Para el concejal pide además un año de cárcel por un delito de acoso laboral.

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