ÁNGEL SERRANO ZURITA (*) / Contra la prisión permanente revisable, a pesar del drama de la coyuntura

Hay que tener el corazón pequeño para ponerse a hacer política con el cadáver de un niño. Hay que ser desgraciado para usarlo en beneficio de una pretensión programática o buscando la rentabilidad de un medio de comunicación. Hay que haber perdido los escrúpulos para no esperar ni una semana antes de reivindicar la cadena perpetua como solución.

Al hablar de la prisión permanente revisable estamos hablando de derechos humanos. Esta cuestión es la base de la convivencia humana, por lo que no debe regularse ni desarrollarse legislativamente en función de la radicalización de la opinión pública, tras un acontecimiento que, por una u otra razón, tratamiento mediático mediante, ha causado conmoción. Es responsabilidad de los Estados, por tanto, garantizar, proteger y promover un clima de respeto, más allá de las visceralidades y el anonimato que ofrece la masa para plantear barbaridades sin consecuencia alguna.

La prisión permanente revisable, tal y como está planteada en nuestro país, es una violación flagrante de los derechos que atenta contra la dignidad de los seres humanos e infringe un trato cruel, inhumano y degradante. Mediante ésta, el Estado se convierte en el ente que niega el derecho a la esperanza que recoge el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que la persona interna en una prisión pueda reinsertarse en la sociedad, violando así el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el artículo 25.2 de nuestra Constitución. Además, la ampliación de supuestos que ahora se pretende vulnera la prohibición de penas inhumanas y degradantes recogida en el artículo 15, los principios de culpabilidad y proporcionalidad, así como el derecho a la libertad del artículo 17 y el mandato de determinación de las penas estipulado en el artículo 25.1 de nuestra Carta Magna.

Además, recordemos que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas también ha advertido, en reiteradas ocasiones, que cualquier pena de reclusión efectiva superior a los 20 años puede llegar a ser considerada como trato inhumano, cruel o degradante y, por tanto, ser contraria al derecho internacional que ha suscrito España a través de distintos instrumentos. Está demostrado que las largas penas hacen que los reclusos se institucionalicen y padezcan una serie de problemas psicológicos que hacen que se desconecten cada vez más de la sociedad hacia la que la mayor parte de ellos se supone que volverán.

Debemos hacer pedagogía sobre cómo este tipo de medidas que se toman desde la alarma social vulneran derechos clave que nos interesan garantizar como sociedad y para acercar a la ciudadanía a un sistema penitenciario completamente ignorado, desconocido y mitificado. Un lugar donde nadie quiere estar pero que habrá que conocer para opinar sobre el mismo.

(*) Periodista.