Cedma y las asociaciones de vecinos de Dénia presentarán alegaciones conjuntas al plan de protección del litoral

Se pide un periodo de participación pública de varios meses y que se corrijan algunos errores

El Pativel no contempla la protección de terrenos sin urbanizar en el término municipal

El Cercle Empresarial de la Marina Alta (CEDMA), que aglutina entre otros al colectivo de promotores, y la Federación de Asociación de Vecinos de Dénia se han unido para abrir un debate ciudadano sobre el Pativel, un plan de protección litoral que ha puesto en marcha el gobierno valenciano. La primera iniciativa ha sido una reunión informativa, celebrada esta semana, de la que saldrán unas alegaciones que se presentarán antes de fin de mes. La principal propuesta es que se abra una fase de participación pública durante más de cuatro meses con el fin de que entidades y particulares puedan aportar sugerencias.

        En el acto celebrado el martes en la Casa de la Cultura, el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Mario Vidal, pidió al alcalde, Vicent Grimalt, que lleve al pleno una moción para reclamar a la Generalitat que apruebe un periodo de participación pública. Recordó que este proceso se realizó con motivo del Patford (plan de acción territorial forestal). Desde la Asociación de Promotores, Carlos Pesquera señaló que la normativa del Pativel recoge que tienen que participar partidos políticos y sindicatos, colegios profesionales, entidades ciudadanas, empresarios y promotores y expertos universitarios , entre otros, a través de reuniones y jornadas de trabajo. La realidad ha sido, según Pesquera, que “de este tema nos hemos enterado de casualidad”.

        A lo largo del acto, que fue coordinado por el técnico Jesús Reina, se expusieron algunos errores detectados en el documento, como que no se hayan incluido las dunas de Les Deveses y sí las de la playa de Oliva y que solo figure el río Molinell y no el Girona o l’Alberca. Además, se expresaron quejas respecto a que la cartografía corresponde a la del Plan General Transitorio de 2005 que fue anulado por el Supremo y que el documento no prevea un documento de gestión ni presupuesto para conseguir una desestacionalización económica.