CEDMA plantea soluciones para fomentar los alquileres turísticos en vez de penalizar a las empresas
El Cercle Empresarial de la Marina Alta (CEDMA) ha recordado la problemática derivada de la escasa oferta de alquileres de casas anuales y explica que “la ecuación que se ha hecho es sencilla (y errónea): si hay menos viviendas en alquiler anual es porque los propietarios sacan más rendimiento en alquiler turístico, por lo que si rebajamos el alquiler turístico, habrá más vivienda habitual. No, esto no pasará. Y no pasará porque la ecuación es errónea, y un análisis incorrecto del problema conduce inevitablemente a una solución incorrecta”.
A juicio de los empresarios, la Ley de Vivienda es la causante de que haya habido una migración significativa de propiedades del alquiler anual al alquiler turístico. Según afirma el CEDMA, “muchos propietarios se sienten desprotegidos frente a inquilinos morosos y por este motivo han decidido cambiar el tipo de alquiler. Pero no es por la rentabilidad que ofrece, de hecho la rentabilidad neta del alquiler turístico es similar o incluso inferior a la del alquiler anual. Lo que valoran los propietarios en realidad es la mayor seguridad y la casi inexistencia de morosidad en el alquiler turístico”.
Ante todo ello, el Cercle Empresarial insta a las administraciones públicas a reconsiderar la introducción de medidas restrictivas que dificulten las certificaciones y delimiten las zonas permitidas para el alquiler turístico sin consultarlo previamente con los profesionales del sector. Sostienen que “en lugar de penalizar a las empresas que operan dentro de la legalidad, si de verdad se quiere dar solución a la problemática actual” habría que hacer una revisión de la Ley de la Vivienda. ¿De qué forma? Solicitando al Estado una revisión de la Ley de la Vivienda que “proporcione mayores garantías y protecciones a los propietarios, incentivando así el alquiler anual y aliviando la presión sobre el mercado turístico”, apunta el CEDMA. También propone una regulación equitativa del alquiler turístico, distinguiendo entre los operadores legales e ilegales y un fomento del turismo sostenible. A este respecto, se expone la necesidad de promover políticas que equilibren las necesidades de turistas y residentes, incentivando alquileres a largo plazo y fomentando la convivencia.