El PP aplazará la reversión del Departamento de Salud de Dénia hasta que se realice una auditoría 

El rescate de la sanidad pública de la Marina Alta va a quedar paralizado una vez que se forme el nuevo gobierno presidido por el popular Carlos Mazón. Desde el PP se ha anunciado que los planes son realizar una auditoría de la gestión de la empresa concesionaria, Marina Salud. Posteriormente, se tomará una decisión.

Según ha afirmado José Juan Zaplana, quien ha ejercido como portavoz del PP en Les Corts, su partido apuesta por una sanidad pública, siempre que sea eficiente. Pero ha dejado entrever que en el caso de la reversión de los departamentos de Alzira y Torrevieja el coste de la gestión ha aumentado, existe un descontento entre los trabajadores y los indicadores sobre la asistencia han bajado. Por eso, Zaplana considera que la gestión pública no es la solución a todos los problemas.

El fin del contrato con Marina Salud finaliza el 31 de enero de 2024 y el gobierno del Botànic comunicó a la empresa que no se iba a prorrogar. De hecho, se había empezado a trabajar en la reversión y se impusieron unas normas, que Marina Salud tenía que cumplir durante el proceso.

La postura del PP sobre los departamentos de Salud que están bajo la gestión de empresas privadas no ha variado. En unas declaraciones realizadas en febrero a Radio Intereconomía Valencia, José Juan Zaplana anunció que “si el PPCV gobierna a partir del 28-M haremos auditorías a los hospitales de Dénia y Manises antes de tomar una decisión sobre la reversión”. Según comentó, una vez que se conozca el resultado de la operativa y auditoría, “tomaremos las medidas adecuadas para solucionar los problemas que se han derivado”. Además, precisó que la auditoría que se pondrá en marcha será integral y será operativa, económica, existencial y laboral. 

Durante la precampaña electoral, Zaplana visitó el Hospital donde se reunió con miembros del Comité de Empresa y con los responsables de Marina Salud. Sus declaraciones fueron las mismas: “El Partido Popular, a partir del 29 de mayo, encargará una auditoría integral que sea operativa, económica, asistencial y laboral. Esto es lo que tendría que haber hecho ya el gobierno de Ximo Puig, que no ha hecho ni en Alzira ni en Torrevieja”. Esta auditoría, matizó Zaplana, serviría para saber cuáles son las condiciones con las que finaliza el contrato.