La alcaldesa de Calp asegura que fue apartada por el PP por no seguir los parámetros urbanísticos marcados

En enero de 2023 sorprendió, y mucho, la noticia de que la dirección provincial del PP apostaba por César Sánchez como cabeza de cartel para las elecciones de mayo, en detrimento de la alcaldesa y presidenta a nivel local, Ana Sala. Ella argumentó que había algo detrás de esta decisión que algún día haría público porque no era una cuestión derivada de una mala gestión. Ha llegado el momento. En el pleno celebrado ayer, Sala aseguró, sin pelos en la lengua, que fue apartada por el PP porque tenía la intención de desclasificar suelo rústico no programado porque no había llegado a un acuerdo con los propietarios de los terrenos afectados. Pero no pudo hacerlo porque la mayor parte de sus concejales se revelaron en contra y en los últimos meses de legislatura actuó prácticamente en solitario, solo con el respaldo de, por aquel entonces, sus socios de gobierno de Ciudadanos.

            Por tanto, según se desprende de sus palabras en el pleno, el PP la defenestró a nivel político para acabar de raíz con esta idea con César Sánchez de nuevo en la Alcaldía. Por eso se entiende que Juan Manuel del Pino, concejal de Planeamiento Urbanístico, dijera que “es ahora, cuando el PP no está en el gobierno, cuando es más necesario traer a pleno este punto”. Se refería a la desclasificación de los sectores Garduix I y II, Feliu I y II y Ràfol I y II que son rústicos pero están sin programar. La intención es adquirirlos para convertirlos en dotacionales para disponer de terrenos para futuras necesidades educativas, deportivas, culturales, sanitarias etc., y, al mismo tiempo, para proteger el último pulmón verde de la ciudad del Peñón de Ifach.

            La intención del tripartito es cambiar el modelo urbanístico y adquirir las parcelas -unos 350.000 metros cuadrados- por el sistema de expropiación y el justiprecio que determinará el Tribunal Provincial. Es decir, esta decisión supone optar por un sistema mucho más barato para las arcas municipales y no compensar con unidades de aprovechamiento en otros sectores, tal y como se ha hecho con los gobiernos del PP de Javier Morató y César Sánchez. Sala comentó que, en la actualidad, hay hasta 14 millones de euros pendientes de materializar por este concepto.

             La alcaldesa consideró que el PP tenía “un marronazo” a la hora de votar este punto “porque saben que es lo mejor para el interés público pero no pueden apoyarlo”, en alusión a presuntos intereses especulativos. En la anterior legislatura, según comentó, se intentó llegar a un acuerdo con los propietarios e, incluso, se presentó un proyecto para construir un complejo hotelero en una parte de estos sectores. “Pero no se llegó a un consenso y nos dimos cuenta de que querían alargar todo lo posible este tema y más con las elecciones cerca”, según Sala.

            Por eso, siempre según su versión, fue apartada por su partido por aquel entonces. “El que más contento está hoy por no estar aquí es César Sánchez -los martes está en el Congreso de los Diputados-, porque no va a votar una propuesta que sabe que es la mejor para defender el interés común. Estoy fuera, y él lo sabía, por este asunto y menos mal que reaccioné a tiempo”, dijo Sala. El desarrollo urbanístico de Calp “se marcó hace 30 años y las cosas han cambiado mucho y es la decisión correcta para garantizar nuestro futuro como pueblo”, matizó la alcaldesa.

            El portavoz del PSPV, Guillermo Sendra, considera que el PP “se ha retratado y está claro que quieren continuar con el modelo urbanístico salvaje y especulativo que se aplicó durante mucho tiempo”. El portavoz del equipo de gobierno, Ximo Perles, asegura que “la expropiación y el justiprecio es el sistema que ofrece un mayor grado de protección”. “Se pagará como suelo rústico”, continúa, “porque los terrenos se compraron como rústicos y así lo marca la ley”.

UN VOTO EN CONTRA Y UNA ABSTENCIÓN

            Defendamos Calp ha votado en contra de esta propuesta porque no comparte el criterio de clasificar estos sectores como rústico dotacional. El concejal Toni Tur dijo que “tenemos muchas dudas, no sabemos el precio, ni las negociaciones que se han hecho con los propietarios y tampoco tenemos garantizado el éxito de convertir estas parcelas en dotacionales”.

            El PP ha votado abstención porque entiende que se trata de una expropiación forzada “a las bravas, que nos puede salir muy cara”, en palabras del portavoz, Miguel Crespo. “No hay sostenibilidad sin consenso, sensatez y trasparencia y creemos que el equipo de gobierno confunde deseos con realidad”, añadió. Los populares creen que esta desclasificación es “temeraria y peligrosa porque no hay una garantía jurídica que justifique la expropiación forzosa”.

            Desde el partido mayoritario en la oposición sostienen que tanto Ana Sala como Juan Manuel del Pino han cambiado sus criterios “porque antes sí querían defender los derechos de los propietarios. Hablar de proteger en abstracto no sirve de nada”. Es más, Crespo dejo entrever que tanto Sala como Del Pino han dado el visto bueno a este proyecto para salvar el pacto con PSPV y Compromís. Y sin contar, según su opinión, con los litigios jurídicos que se pueden derivar y el coste que tendrán para las arcas municipales.

BAJAR EL IBI Y EXHUMACIONES ILEGALES

            El Partido Popular presentó una moción para rebajar el IBI y, con ello, compensar la subida de la tasa de basura. Su propuesta era cambiar el tipo de gravamen del 0,87 al 0,82 y, además, bonificar el reciclaje y adoptar otras medidas para hacer más efectivo el servicio de recogida de basura. Desde el equipo de gobierno se tildó de “demagógica y no justificada” esta propuesta porque hay que atender la subida de los gastos corrientes, de personal, etc.

            Sobre la creación de una comisión especial para la investigación de exhumaciones realizadas en el cementerio municipal sin consentimiento de los herederos legales, el PP se abstuvo. Crespo considera que “nos parece excesivo porque no hay ningún tipo de denuncia y esto parece una caza de brujas”. El equipo de gobierno cree que hay que esclarecer el asunto por respeto a las personas afectadas que merecen una explicación.