¿Se va a legalizar la eutanasia?

Dr. MARIANO MARTÍN-LOECHES DE LA LASTRA (*)

El Congreso aprueba abrir el debate para despenalizar la eutanasia y el PSOE presentará una propuesta de Ley para regular la eutanasia, así el Congreso decidirá si tramita una ley para despenalizar la eutanasia en casos terminales con dolor permanente.

            Recientemente el Parlamento de Cataluña presentó la “Proposición de Ley de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, de despenalización de la eutanasia y la ayuda al suicidio”. El objetivo de la Proposición de Ley es modificar el apartado 4 del Artículo 143 del Código Penal. Este artículo señala que “El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años” y se “impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona” (al que ayude al suicidio, lo que en otros países es denominado suicidio asistido). El artículo aumenta la pena de prisión de seis a diez años si la ayuda al suicidio se consuma, mientras que es más comprensivo cuando el que coopera con en un suicidio voluntario lo hace con alguien con graves padecimientos físicos: “en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados”.

            El Parlamento de Cataluña, tan en boga en el último año, esgrime en la Proposición de Ley que Cataluña ha sido pionera en la legislación sobre los derechos del paciente, poniendo como ejemplo sus iniciativas con el documento de voluntades anticipadas, el desarrollo de los cuidados paliativos, así como la Carta de derechos y deberes de la ciudadanía en relación con la salud. Cataluña también ha querido ser pionera respecto a la eutanasia y la ayuda al suicidio.

            La argumentación utilizada por el Parlamento catalán va por tres caminos: la defensa de la libertad del ciudadano para elegir cómo desea morir, la presencia de cada vez mayor apertura legislativa a nivel internacional y el sentir de la sociedad española.

            Actualmente hay ocho Comunidades Autónomas con leyes sobre el final de la vida: Andalucía (la primera en hacerlo, en 2010), Aragón, Canarias, Navarra, Baleares, Galicia, País Vasco y Madrid, la última Comunidad en legislar al respecto, en marzo de 2017. Las leyes tienen una estructura y temática similar: información y comunicación, limitación del esfuerzo terapéutico y obstinación terapéutica, rechazo de los pacientes a las intervenciones médicas, cuidados paliativos (incluida la sedación paliativa), voluntad vital anticipada, el papel de los Comités de Ética para la Asistencia Sanitaria, los derechos de las personas incapaces para decidir o las obligaciones de los profesionales. Casi todas, con distintos matices, incluyen el concepto dignidad. Sin embargo, ninguna permite la eutanasia ni el suicidio asistido. No se trata de una cuestión de dignidad, sino de dar mayor o menor prioridad a la libertad del ciudadano para decidir.

(*) Especialista en Ginecología y Obstetricia.