El ministro de Consumo reclama la unión de todas las administraciones ante la problemática de los pisos turísticos 

El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, estuvo el jueves en Dénia y Altea con el fin de explicar las medidas que se han tomado desde su departamento para frenar el descontrol de los pisos turísticos, en especial a los que funcionan sin licencia. Bustinduy se reunió con el alcalde y con concejales del equipo de gobierno, quien le aseguraron que el Ayuntamiento ha tomado cartas en el asunto. 

Según especificó, “este problema está agravando la dificultad de acceso a la vivienda para los jóvenes de nuestro país y para las familias que se ven expulsadas de sus barrios y sus ciudades y está imponiendo una lógica de especulación”. Recordó que el derecho a tener una vivienda digna está recogido en la Constitución.  

La provincia de Alicante concentra el 70% de los pisos turísticos de la Comunitat, de acuerdo a los datos expuestos por Pablo Bustinduy. 

Por eso, desde el Ministerio se han acordado medidas para intentar poner freno a la proliferación de pisos turísticos ilegales, aunque según el ministro se requiere la colaboración de todas las administraciones. La Dirección General del Consumo del gobierno de España pretende perseguir la publicidad de los pisos turísticos que operan sin licencia. 

Asimismo se refirió a la iniciativa anunciada por el Gobierno de España y el Ministerio de Vivienda para reformar la Ley de Propiedad Horizontal. La propuesta consiste en que las comunidades de vecinos serán las que deban autorizar explícitamente la presencia de pisos turísticos en sus inmuebles. 

Respecto a los ayuntamientos, reconoció la labor que se está haciendo (citó el caso de Dénia) para “responder a los vecinos y vecinas gravemente afectados por esta problemática”.

Pero dio un toque de atención al gobierno autonómico del PP a que colabore con la iniciativa del Ministerio de Consumo y a que “escuchen a los ayuntamientos de esta región  y a muchas fuerzas políticas que les piden que recapaciten y que restauren las tasas turísticas, que movilicen vivienda vacía y que incrementen el parque de alquiler social”.

“Quiero pedirle al señor Mazón”, señaló el ministro, “que aplique la Ley de Vivienda, que permite contar con herramientas para bajar el precio de los alquileres en las zonas tensionadas, pero eso requiere de una declaración por parte de las comunidades autónomas y las gobernadas por el Partido Popular se niegan a hacerlo”.