El Ayuntamiento cierra los locales de la punta del Arenal y un empresario anuncia acciones penales contra las autoridades y funcionarios 

El Ayuntamiento, a través de la Policía Local, ha ejecutado a principios de la semana el cierre de los locales de hostelería y ocio de la punta del Arenal, un expediente que se relanzó después de que la Agencia Valenciana Antifraude advirtiera hace meses de la irregularidad y diera un plazo para el cese de la actividad en estos establecimientos. La Policía llevó a cabo la medida en los últimos días, cerrando y precintando los locales. 
    La empresa que dirige los locales Acqua, La Bambula y Achill, tres de los implicados, ha advertido que el Ayuntamiento ejecuta el cierre “a pesar de que, es plenamente conocedor de
que se han presentado por nuestra parte los Informes técnicos favorables emitidos por Organismo de Control Autorizado (OCA) a través de los cuales se ha certificado la conformidad técnica y ambiental de los locales (en materia de seguridad, protección contra incendios, vías de evacuación, compatibilidad urbanística, etc.) y son favorables a la apertura de las instalaciones”.
    “La actuación que pretende llevar a cabo el Ayuntamiento de Xàbia es por tanto contraria a Derecho”, advierten desde la empresa, “lo que nos ha obligado a interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de Alicante para
defender nuestros derechos y los derechos de los usuarios de nuestros establecimientos”. 
    “En un Estado de Derecho una Administración no puede actuar de esta forma tan prepotente, ignorando deliberadamente el valor de esos informes técnicos que han sido presentados”, insisten. La empresa ha solicitado al Juzgado la suspensión cautelar de la clausura. “La ley establece que solicitada esa medida cautelar y hasta que el Juez se pronuncie, la Administración no puede tomarse la justicia por su mano y proceder a la clausura”, insisten.
    “Por ello advertimos que cualquier intento de proceder al cierre de nuestros locales antes de que recaiga la decisión judicial implicará que actuemos penalmente contra las autoridades y
funcionarios que intervengan por si ello pudiera ser constitutivo de delito”, concluyen.