Los colectivos ecologistas levantan la voz frente a la actuación de la CHJ y los ayuntamientos ante la sequía

Hablan de “incoherencia” y “dejadez” 

Varias entidades en defensa del territorio han alzado la voz frente a la situación preocupante que vive la Marina Alta por falta de agua y la actuación incoherente y de “dejadez” de los máximos responsables a la hora de velar por la protección de los acuíferos. Apuntan en concreto a los ayuntamientos que toleran que se pongan en marcha nuevos planes urbanísticos, nuevas amenazas para el equilibrio ambiental y territorial, cuando la sequía está conduciendo a una situación de emergencia, según advertía el pasado 21 de marzo la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Esta última no se libra de las críticas por su silencio y por delegar responsabilidades en la administración municipal. Tampoco la Conselleria de Medio Ambiente, por no velar por el bien público.

En un comunicado firmado por los colectivos Pego Viou, Acció Ecologista AGRÓ y la Plataforma Salvem la Vall, se advierte a la CHJ, a los ayuntamientos que han concedido licencias urbanísticas como los de Pego y Llíber y a la Conselleria de Medio Ambiente que “serán responsables de los daños que se puedan causar”. Anuncian que emprenderán acciones judiciales en defensa del bienestar general y “la adecuada protección del dominio público hidráulico, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y la armonización del desarrollo comarca con el medio ambiente”, de acuerdo con la Ley de Aguas. 

Hace tan solo unos días, el lunes 25, la Confederación comunicaba oficialmente a todos los ayuntamientos de la Marina Alta que la situación de sequía y escasez de agua en su demarcación está empeorando, recuerdan los grupos ecologistas. La CHJ avisaba y, al mismo tiempo, delegaba en los ayuntamientos la implementación de medidas frente a esta situación de emergencia derivada de la escasez de agua, “protegiéndose de lo que las entidades cívicas comarcales vienen denunciando desde hace meses: la falta de actuaciones firmes para limitar, ya no el consumo agrícola sino el urbano, que es más preocupantes dado el incremento de población (y por lo tanto de consumo de agua) con la llegada de los turistas de la Semana Santa y el verano, así como el incoherente silencio de la CHJ ante la reactivación de los nuevos planes urbanísticos en todas la comarca, como el campo de golf y la macro-urbanización Penya Roja de Pego y el macro PAI Medina de Llíber”.

Las entidades firmantes del comunicado subrayan que el Plan Especial de Sequía (PES) al que la CHJ remite a los ayuntamientos insta al “refuerzo de la vigilancia para la conservación de los ecosistemas acuáticos y protección de zonas húmedas y especies fluviales, así como a fiscalizar el impacto de otras medidas sobre el medio natural, con especial atención al Marjal de Pego-Oliva”. Remarcan que el propio PES considera que este paraje puede sufrir “episodios críticos”. 

Recuerdan también que en el caso del PAI de Llíber, Accioó Ecologista AGRÓ denunció ya ante la CHJ su preocupación por la situación de déficit hídrico comarcal y particularmente por el caso del pozo de Parcent, “ya que las demandas de agua de los últimos cinco años han excedido los volúmenes autorizados tanto por Llíber como por Xaló”. También aludía a que otros pozos disponibles no cumplen con los parámetros de potabilidad establecidos por la correspondiente legislación.